22 Abr Condenado exparamilitar responsable de varios homicidios de indígenas en Valledupar
Alias Turbo tendrá que pagar una condena de más de 25 años de prisión, además de cancelar una sanción económica de 5.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes
En un hecho significativo para la justicia colombiana un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) responsable de varios homicidios fue enviado a prisión.
La labor se logró gracias a que la Fiscalía General de la Nación pudo aportar pruebas concluyentes sobre la participación de Elkin José Bermúdez Guerra, conocido con el alias de Turbo, dentro de una estructura paramilitar responsable del asesinato de tres miembros de la comunidad indígena kankuamo, el 16 de octubre de 2003, en una zona rural cercana a Valledupar, en el departamento de Cesar.
Este avance judicial se debe al esfuerzo de un equipo de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el cual, a través de una investigación minuciosa, pudo establecer que alias Turbo, en compañía de otros exmiembros del Bloque Norte de las ya desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, ejecutó un plan criminal con una marcada crueldad. En su primer acto, intimidaron con armas de fuego a Ernesto Feliciano Maestre Arias, a quien posteriormente ataron, lesionaron con arma blanca y finalmente acribillaron.
El grupo armado continuó su jornada violenta trasladándose a otras dos fincas donde Pedro Nicanor Arias y Francisco Escobar Montero fueron asesinados. Este episodio se inscribe dentro de una estrategia de violencia extendida que las estructuras paramilitares aplicaron indiscriminadamente en contra de los pueblos indígenas, representando un ataque directo a comunidades vulnerables y protegidas bajo el derecho internacional humanitario.
Ante la contundencia de las pruebas, Bermúdez Guerra admitió su culpabilidad en los hechos y optó por una sentencia anticipada, acogiéndose a los términos establecidos por la Ley 600 de 2000, que regula el procedimiento dentro del antiguo Sistema Penal Acusatorio en Colombia. Como resultado, un juez Penal de Valledupar dictó una condena de 25 años y 8 meses de cárcel por el delito de homicidio en persona protegida, adicionando una sanción económica de 5.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.