03 Dic Corte Suprema de Justicia tendría lista una nueva acusación contra Armando Benedetti

Con ponencia de la magistrada Cristina Lombana, se acusaría al exembajador por ser presunto coautor de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos

El exsenador Armando Benedetti, recientemente nombrado asesor presidencial, enfrenta un proceso judicial que podría tener un desarrollo en los próximos días.

Según información obtenida por El Tiempo, desde el 17 de octubre la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió por mayoría acoger parte de una ponencia de acusación presentada por la magistrada Cristina Lombana.

Este proceso está relacionado con presuntas irregularidades en la contratación del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Durante el periodo en cuestión, Benedetti era miembro del partido de La U y, según la denuncia del abogado Jaime Lombana, habría favorecido a la Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara S.A.), una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá especializada en firmas digitales.

El caso se centra en un contrato adjudicado el 1 de agosto de 2017, identificado con el número 2017865, en el que Benedetti habría dado instrucciones a su asesora, Elsy Pinzón Barrera, para intervenir ilegalmente en su adjudicación. Este contrato, valorado en 1.065 millones de pesos, fue otorgado a Certicámara. Jorge Iván Henao, quien ha colaborado en procesos judiciales contra otros políticos como Bernardo Miguel ‘el Ñoño’ Elías y Musa Besaile, mencionó a Benedetti en su declaración, señalando su intervención directa en el proceso.

La Corte Suprema de Justicia decidió avanzar con la acusación formal contra Benedetti, tras una votación interna que mantuvo el cargo de tráfico de influencias, aunque desestimó el de interés indebido en la celebración de contratos. Esta decisión podría llevar a Benedetti a enfrentar una condena de aproximadamente 15 años.

La Sala de Instrucción de la Corte, bajo la ponencia de la magistrada Cristina Lombana, rechazó la nulidad solicitada por la defensa de Benedetti, lo que permitió avanzar con la acusación. La defensa del exsenador ha negado las acusaciones, calificándolas de persecución política. En este contexto, se ha solicitado una pena mayor debido a la condición de servidor público de Benedetti en el momento de los hechos.

El siguiente paso en el proceso es la elaboración de una nueva ponencia por parte del magistrado César Augusto Reyes, quien ha estado trabajando en ella desde el 17 de octubre. Una vez presentada y aprobada, esta será notificada a Benedetti y su defensa, quienes podrán presentar un recurso de reposición para refutar los argumentos presentados.

En el momento en que la Sala de Instrucción tomó esta postura, Benedetti se desempeñaba como embajador de la FAO en Italia. Sin embargo, no se ha confirmado si este caso afectará su posible designación como asesor del presidente Gustavo Petro.

Entre las acusaciones más destacadas se encuentra la de compra de votos en La Guajira durante las elecciones, según informes recientes. Este caso ha captado la atención pública debido a su potencial impacto en la política nacional.

Las investigaciones en curso, lideradas por la Corte Suprema de Justicia, también incluyen acusaciones de escuchas ilegales en el gabinete presidencial. Benedetti habría amenazado con divulgar información comprometedora sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro, lo que ha generado un clima de tensión política. Además, se le investiga por su presunta intervención en la adjudicación de contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), lo que podría implicar irregularidades en la gestión de recursos públicos.

Otro frente judicial que enfrenta Benedetti es el de enriquecimiento ilícito. Las autoridades investigan si el exsenador se benefició de su posición para obtener favores de la empresa Simetric S.A.. Este caso se suma a las acusaciones de concussión, donde se le señala de haber exigido dinero a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales sobre pensiones docentes en Córdoba.

Por último, se examina si Benedetti ejerció influencias indebidas en entidades como Electricaribe y Emsa para obtener beneficios personales. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Benedetti ha negado cualquier irregularidad, argumentando que es víctima de una persecución política.

Estas investigaciones han puesto a Benedetti bajo el escrutinio público y podrían tener repercusiones significativas en el entorno político del país. La evolución de estos casos será crucial para determinar el futuro político del asesor presidencial y su impacto en la administración de Petro.